Miguel Alonso busca impunidad en Morena…
No hay más alianzas que las que trazan los intereses…
Antonio Cónovas del Castillo
El exgobernador de Zacatecas y su familia, responsable del saqueo a las arcas públicas, por increíble que parezca, adelanta su regreso a la política, gracias a un aparente cobijo del CEN del PRI. El nombramiento al exgobernador de Zacatecas como secretario adjunto de la Presidencia Nacional del PRI, otorgado por Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, tiene varias lecturas:
La primera, y más socorrida: El Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo sacó de la congeladora para que se haga cargo de la elección en su natal Zacatecas del 2021, repita los triunfos logrados durante su administración, incluyendo la gubernatura, y a cambio, se le otorgue un lugar en las listas plurinominales.
Para otros, es una clara señal que Alonso Reyes fue cobijado por el PRI en aras de evitar sea llevado ante la justicia para que responda ante el quebranto de más de 4. 7 mil millones de pesos que le observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los ejercicios fiscales 2010-2014, con carácter resarcitorio.
Un tercera hipótesis: Antes de solicitar el apoyo del PRI-MOR, Miguel Alonso tuvo que pasar por el tamiz de Ricardo Monreal, su maestro e influyente político al interior del Gobierno de la República, el que según cercanos colaboradores de Alonso Reyes el coordinador de los senadores de Morena no opuso resistencia.
Sin embargo, hay una cuarta que parece tener más lógica que las primeras en mención. Miguel Alonso Reyes buscó la protección, y por supuesto impunidad en el Gobierno de la República, el que se encuentra en manos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), vía Alejandro Moreno amigo de López Obrador.
Basta recordar aquella reunión con gobernadores del día 5 de junio en Palacio Nacional, en la que López Obrador les soltó sin rodeos: Quiero que apoyen a Alito (Alejandro Moreno), para la presidencia del partido (…)
Los gobernadores priistas no daban crédito a las palabras de AMLO, quien no bromeaba. Pedía a su ex partido, a aquel al que ha calificado como “la mafia del poder”, a su odiado enemigo político, que apoyara a un candidato que cuenta con la simpatía y bendición presidencial.
Alito (le apodan Amlito por su cercanía con el tabasqueño), el joven gobernador de Campeche, fue el candidato de AMLO para que fuera el nuevo presidente del PRI, y así se lo propuso a los gobernadores del tricolor, en un lance tan astuto como inesperado.
Pero eso no fue todo. A la propuesta, se sumó una amenaza.
López Obrador les advirtió también que aquél gobernador del PRI que no apoyara a “Alito” se atuviera a las consecuencias, y que de darse un rechazo, entonces no les extrañara que tuviera una repercusión negativa en sus respectivos presupuestos estatales.
Sin embargo, Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiara (UIF) de la SHCP, tiene otros planes. El pasado 19 de noviembre del año en curso declaró: “Seguimos trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores y vamos a seguir con esa línea”.
No olvidemos que un sinnúmero de exgobernadores durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, incurrieron en presuntos actos de peculado, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, narcotráfico para ser precisos, y por supuesto lavado de dinero proveniente del erario y de otras fuentes.
Los antes mencionados adquirieron a través de prestanombres, mansiones, ranchos, aeronaves, agencias de automóviles, lujosos hoteles y edificios de departamentos residenciales, empresas constructoras, y hasta inmobiliarias para el lavado de dinero en los Estados Unidos, McAllen para ser precisos, en el caso del exgobernador zacatecano, según publicó El Universal.
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