Mi agradecimiento a Christopher Landa embajador de los Estados Unidos por su invaluable participación y apoyo en el combate contra la corrupción en México

Una buena y otra mala para Miguel Alonso, familia, cómplices, prestanombres, empresarios, exfuncionarios y todos aquellos que colaboraron para saquear las arcas del gobierno de Zacatecas. La buena, lo que menos debe de preocuparles es por las denuncias en México ante la PGR. La mala, ahora en cada ocasión que viajen a los Estados Unidos, deberán encomendarse al santo y virgen de su devoción, para así cómo viajaron regresen, y no los aprehendan durante su estadía, para ser juzgados y presos en la tierra de Donald Trump.

Esta es parte de la historia que seguramente terminará en tragedia para algunos, y justicia para Zacatecas.

Las 8 denuncias en presentadas ante la PGR en contra del exgobernador de Zacatecas Miguel Alejandro Alonso Reyes, por fin encontraron una vía de tránsito hacia los tribunales, por lo menos en Estados Unidos, gracias a Santiago Nieto Fiscal de la Unidad de Inteligencia Financiera y por supuesto, a Christopher Landa, embajador norteamericano en México.

Durante casi 4 años la Procuraduría General de la República (PGR), brindó impunidad al exgobernador, negándose a judicializar las carpetas de investigación, así como a proporcionarlas al gobierno de los Estados Unidos, para procesar a Miguel Alonso Reyes, por presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y narcotráfico.

Ante la presión que se intentó ejercer para que la PGR actuara en contra de Alonso Reyes, o por lo menos enviara a los Estados Unidos las carpetas de investigación a sus pares sobre la base de los tratados signados en la materia por ambos países, Arely Gómez, en ese entonces procuradora general de la República fue tajante y honesta al mismo tiempo: “No puedo engañar a nadie, no he recibido instrucción superior para judicializar las carpetas de investigación, y por tanto tampoco podemos enviar ninguna documentación a los Estados Unidos”. 

El 26 de mayo del 2017 el que esto escribe, viajó a los Estados Unidos para comparecer ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI), Servicio Secreto de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos (TS ), y la oficina antidrogas (DEA), en Washington D.C., para solicitar su intervención ante posibles actos de lavado de dinero en territorio estadounidense por parte de Miguel Alejandro Alonso Reyes, su hermano Juan Manuel de los mismos apellidos, Noé J. Cantú, y Lucía Reyes Cantú, entre otros, producto de la probable comisión de actos de peculado, delincuencia organizada y narcotráfico. 

En todas y cada una de la comparecencias se hizo entrega de 112 testimoniales certificados ante fedatario público de igual número de transacciones bancarias realizadas entre la empresa Médica Sierra Madre S.A. de C.V. y la empresa Grupo Inmobiliario Vallereal Milenio S.A. de C.V, a través de la cuenta 0932876 International Bank de McAllen, Texas, EEUU, transacciones que implicaron decenas de millones de dólares americanos. 

Sin embargo, fueron inútiles los esfuerzos pues el gobierno de México hizo “como que la virgen le hablaba”, y no respondió ninguna de las solicitudes enviadas por las agencias estadounidenses recibir las carpetas de investigación, por lo que no se puedo abrir una causa ante la Corte Federal.

Al arribo a la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto comenzó a utilizar sus contactos y relaciones con el gobierno de Donald Trump y gracias a ello el pasado 16 de mayo del año en curso las autoridades mexicanas y de Estados Unidos acordaron como primer paso congelar los activos de 41 personas físicas y morales que presuntamente incurrieron en delincuencia organizada, corrupción y de lavado de dinero.

Siendo la primera vez que el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) y sus contrapartes en México actuarán de manera simultánea en el congelamiento de los recursos de los implicados en ambos lados de la frontera.

De acuerdo a un documento el 15 de febrero del 2018 en Washington D.C, desclasificado y hecho público por la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA), la agencia tiene en lista a 23 exgobernadores mexicanos y 11 exfiscales estatales (el exfiscal de Nayarit está preso en los Estados Unidos), entre los que se encuentra el exgobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes.

Será en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el gobierno estadounidense reciba toda la información y colaboración para el enjuiciamiento de aquellos que utilizaron el territorio de los Estados Unidos para los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, y corrupción, según la Ley Patriot.

El pasado 13 de diciembre del año en curso, se recibió información de los Estados Unidos, que las denuncias están siendo procesadas, e integradas a un expediente único en el caso de Miguel Alonso y coacusados, para que en el mes de enero del 2020 sean presentadas ante un juez de la Corte Federal de McAllen Texas, y esta a su vez las envíe a la Corte Federal de New York, para enjuiciarlos, previas órdenes de localización con fines de extradición de los presuntos responsables, solicitudes que seguramente el gobierno de México colaborará sin problema alguno.  

Les sugiero ya no recurran a Ricardo Monreal, mejor busquen un buen despacho de abogados en los Estados Unidos, que buena falta les hará…