Desde el deleznable asesinato del periodista Manuel Buendía Téllezgirón, en la ciudad de México el 30 de mayo de 1984 a manos de sicarios de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), a gobernantes, legisladores y políticos se les ha hecho “costumbre” amenazar, agredir y mandar a matar aquellos periodistas que se atrevieron a exhibir sus corruptelas y excesos a cuenta del erario, de los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos.

Según recoge Reporteros sin Fronteras, 21 periodistas están desaparecidos en México, y 27 asesinados en los que va del sexenio. De algunos de ellos y ellas no se tiene noticia desde, por lo menos, 15 años atrás. “Agredir a un periodista no tiene castigo. El 99% de agresiones quedan impunes.

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos y, se cree, muertos. En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.

Pero lo más grave, el 70% de los responsables intelectuales de haber ordenado el asesinato de periodistas proviene de gobernadores, alcaldes, legisladores y políticos que se vieron exhibidos en actos de corrupción, saqueo a las arcas públicas, hasta nexos o directa participación en la delincuencia organizada, principalmente en el tráfico de estupefacientes y trata de blancas, según informe del 2018 de Reporteros sin Fronteras.

Nada molesta, perturba y desquicia a la mal llamada clase política, que reporteros de investigación documenten sus actos de rapiña, transas, desvíos de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado, y por supuesto, las notas que ponen en entredicho sus eternas promesas de campaña, en las que intentan aparecer como hombres y mujeres ejemplares, santificados, apóstoles de la democracia, cuando en realidad son exactamente lo contrario. 

Prueba de lo anteriormente expuesto, en el estado de Zacatecas en las últimas semanas han sido agredidos los periodistas Andrés Verá Díaz, y Gabriel Contreras Velázquez. El primero director del portal Periómetro, fue agredido a manos de enardecidos policías municipales de Zacatecas, porque se atrevió a filmar una artera agresión a un ciudadano. Hasta la fecha el Ayuntamiento de la capital sigue guardando silencio sobre las responsabilidades que debe fincar a los agresores.

Gabriel Contreras Velázquez, director del portal Agenda Política fue amenazado por el diputado local Héctor Adrián Menchaca Medrano, por una serie de reportajes de investigación relacionados con el Programa Ganadero Crédito a la Palabra que coordinó David Monreal Ávila, a quien flaco favor le hace el legislador en involucrarlo en actos gansteriles en contra de un periodista, como sino tuviera suficientes problemas que enfrentar. 

Al margen de los motivos de las agresiones en contra de periodistas, que nunca serán justificadas, parece que los políticos no han entendido que no son Dios, que no pueden disponer de la vida de nadie sólo porque los exhiben como lo que son, corruptos y ventajosos haciendo uso del insignificante segmento de poder que usufructúan, pero además, olvidan que también pueden ser sujetos de las mismas prácticas que utilizan a manos de sus adversarios, como ya ha sucedido.

Para que mejor lo entiendan con “peras y manzanas” por aquello de su limitado raciocinio: Sin libertad de expresión no hay democracia. Sí, este concepto que los políticos tienen a flor de labios, que utilizan como cotidiano condimento de sus demagogas arengas y discursos, pero que en realidad termina siendo una herramienta más para engañar aquellos que por sus urgentes necesidades de subsistencia se ven obligados a seguirles creyendo.

Señores agresores, no se equivoquen, nada es para siempre…