El gobernador de Baja California Norte, seguramente recibió línea del ala ortodoxa, radical lopezobradorista, integrada en otros por: Paco Ignacio Taibo, Irma Eréndira Sandoval, John Ackerman y Citlali Ibáñez Camacho, mejor conocida en el bajo mundo como Yeidckol Polevnsky, entre otros, para la primera expropiación en el gobierno de López Obrador, como un plan piloto para “medir el agua a los camotes” para futuras acciones.

El pasado 13 de abril del año en curso, gobernador Jaime Bonilla quien amenazó con expropiar el Club Social y Deportivo Campestre, ese día formalizó una declaratoria de utilidad pública en el Periódico Oficial del Estado, argumentando que se trata de “justicia social”.

“Los terrenos del Club Campestre de Tijuana son los más apropiados, idóneos e insustituibles para llevar a cabo la construcción y habilitación del proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre, en virtud de que no se cuenta en la ciudad con ningún otro predio que cumpla con las características”, publicó la agencia de noticias Reforma.

El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, resolvió a favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil, la suspensión de cualquier orden del Gobierno del Estado que pretenda la privación, desposesión o toma de instalaciones con carácter confiscatorio del bien inmueble, según nota del diario Z de Tijuana.

La aseveración del que esto escribe que miembros del ala ortodoxa, radical del lopezobradorismo indujeron al gobernador a esta ocurrencia, tiene su razón de ser, toda vez que pugnan por imitar modelos latinoamericanos de corte dictatorial, que no precisamente socialista.

En Venezuela el pasado 5 de enero comenzó a trabajar una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en la que el 92 % de los diputados son chavistas y su vicepresidenta, Iris Varela, lanzó una promesa que a muchos sonó a amenaza. "Que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país", dijo en una entrevista con un periódico local, afín a las propuestas del oficialismo”

Uno de los escasos medios informativos aún no sometidos por el gobierno de Nicolás Maduro Factum, publicó un editorial, que me permito reproducir algunos párrafos inherentes al tema: 

Desde los inicios del gobierno del presidente Hugo Chávez, una ola de rumores mantenía en vilo a los venezolanos: que a quien tuviera más de un apartamento le quitarían uno; que quien quisiera vender o alquilar su vivienda no iba a poder hacerlo; que los hijos no podrían heredar las propiedades de sus padres…

Hoy, doce años más tarde, la nueva modalidad de expropiaciones de viviendas, los centenares de terrenos e inmuebles ocupados de manera ilegal y la imposición a la fuerza del concepto de propiedad social que fue rechazado en las elecciones de 2007 indican que la rumorología no estaba del todo equivocada.

En este orden de ideas, la ocurrencia del mandatario de atentar en contra de la propiedad privada, derecho contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 ampara los derechos de los ciudadanos para gozar y disponer de sus bienes con las limitaciones establecidas por la ley, encendió los focos rojos de millones de mexicanos ante inminentes acciones propias de una dictadura. 

La pregunta obligada es: ¿Los candidatos a gobernador siglados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de alcanzar el triunfo en las urnas impulsarán este tipo de acciones violatorias al estado de Derecho, propias de una dictadura? 

No se calienten, es pregunta…