Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá 

Horacio 

DESVIARON 320 MILLONES DE PESOS 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un órgano constitucional autónomo de México encargado del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. El acceso a información gubernamental, pública se ha convertido en una pesadilla para corruptos funcionarios, legisladores, alcaldes y por supuesto para López Obrador y su familia.

Un claro ejemplo de la “incomodidad” del INAI. López Obrador solicitó “oficialmente” determinar “el origen de la riqueza” de Carlos Loret de Mola, sus socios y familiares y hacerla pública. El pleno del INAI le respondió que no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones como la solicitada” y recomendó solicitar información al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a los registros públicos de la propiedad a través de los formularios de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Gracias a la plataforma del INAI el que esto escribe pudo tener acceso a 125 casos en los que la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas presentó denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, por diversas anomalías por decir lo menos. Gracias a esta información comprendí de la urgencia, necesidad, ansiedad y aferración de politiqueros por convertirse en alcaldes de su localidad, incluso de otras latitudes por “derechos adquiridos”, “de sangre” y residencia.

Aquellos que juraron a sus coterráneos velar, defenderlos y trabajar por el bien de la tierra que los vio nacer, terminaron mostrando sus objetivos de corrupción aprovechándose de la confianza ciudadana y el cargo; el alto honor de conducir los destinos de sus paisanos, prefirieron hacerse ricos a costa de los recursos públicos producto de sus impuestos. 

A continuación presento una relación de los modus operandi más socorridos por los multicitados munícipes: 

Conceptos pagados y no ejecutados en obra pública; erogaciones con cargo al erario por operaciones presumiblemente no efectuadas (contratos asesorías); sobreprecio en contratos de adquisición de despensas; entrega de ayudas con soporte incongruente (falsificación de firmas); operaciones inexistentes y/o simuladas; erogaciones por adquisiciones incongruentes; obras pagadas sin ejecutar; cheques a nombre de funcionarios y contratistas cobrador por personas distintas; recursos Fondo III depositados en cuentas de tesoreros y alcaldes; simulación de adquisiciones; sobreprecio en adquisición de terrenos; asignación de obras a un solo contratista; operaciones comerciales inexistentes y/o simuladas; pagos inexistentes de bonos a regidores. 

Sin ingreso a cuentas del municipio de recursos públicos; información alterada entre lo recaudado por el municipio y lo informado; simulación de contratación de servicios (proyectos); pago de prestaciones no autorizadas; falta de registro contable y sustracción de recursos; ramo 23 destinados a fines distintos (robo cibernético) y obra pagada no ejecutada entre otros. 

De las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, se concluyeron 73 procesos judiciales que incluyeron: reparación del daño, órdenes de aprehensión, vinculación procesos penales, sentencias definitivas con privación de la libertad, y suspensión de derechos políticos entre otras sanciones, mientras 52 denuncias continúan en la Fiscalía y en proceso en diversos juzgados del fuero común y federal.

De las cuentas observadas, y denunciadas los daños a las arcas públicas ascienden a 320 millones de pesos cometidos por 29 alcaldes, que corresponde sólo a cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 

Lo deleznable sin duda, que municipios con presupuestos raquíticos, hasta los más importantes, fueron saqueadas las arcas en su beneficio, privando de servicios y obra pública en beneficio de sus gobernados. Sin ir más lejos, estos 320 millones de pesos defraudados se cubre la nómina magisterial en beneficio de 3 mil familias. 

Si hay algún aludido tiene derecho de réplica…