A las madres, padres y familiares buscadores 

Desaparecer, una palabra que en México se convierte en pánico, terror, en una pesadilla. Lamentablemente en nuestra gran país México, a última fechas el número de “desparecidos” alcanza niveles de lesa humanidad, delito que se debe adjudicar a un Estado fallido, apático, omiso. Desaparecer alguna persona, sin importar el genero, edad, condición social, etc., apunta a una irresponsabilidad del Estado que ha decidido pasar a segundo término. 

En México 847 mujeres desaparecidas durante 2022 refleja no solo una crisis de seguridad que el gobierno además que no ha podido contener, se ha desentendido, y que achaca con cinismo a los gobiernos neoliberales y conservadores que heredaron la cultura de la impunidad en estos delitos. Sin embargo, el gobierno federal está, y sigue más preocupado en descalificar a los periodistas y medios de comunicación, que en atender esta grave crisis resultado de la impunidad otorgada a los delincuentes.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, todos los estados de la República mexicana tienen al menos un registro por desaparición, destacando los estos de: Ciudad de México con 127 casos; Morelos 114; Jalisco 91, y Zacatecas 53. Estos casos no solo son cifras, son familias enlutadas, destruidas por la impunidad que el gobierno federal otorga bajo la premisa que los delincuentes también tienen derechos humanos. ¿Humanos? No se percibe humanidad en sociópatas, psicópatas, criminales que secuestran y desparecen mujeres en este caso. 

En este orden de ideas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas alertó que la crisis de desapariciones en México se agudizó los últimos 15 años, mientras que hay registro de alrededor de 98 mil personas desaparecidas, y en México reportan 95 mil casos y en 2022 van otros 3 mil. Dicho organismo presentó el informe de la visita que realizó a nuestro país entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, durante la que recorrió 13 estados del país y sostuvo reuniones con 88 autoridades de los tres niveles de gobierno, y colectivos de búsqueda, por lo que hizo un llamado al Estado mexicano para implementar de manera urgente una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones, misma que debe estar orientada a la prevención y no repetición de las desapariciones en México. 

Como informó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, desde hace 15 años que los gobiernos de México, estatales e incluso municipales, se ha desentendido del tema, de la gravedad de la situación que no solo ha fracturado igual número de familias, sino lo más grave, ha despertado el interés de delincuentes de los cárteles y delincuentes comunes para secuestrar sin importar el fin, a personas, hombres, mujeres, jóvenes y hasta infantes, gracias a la impunidad que gozan brindada por quien debe garantizar seguridad.

No se trata solo del presidente López Obrador, se trata de todos aquellos que en su momento han tenido en sus manos la conducción del Estado; mexicano, como Enrique Peña Nieto, y Felipe Calderón, que han sido apáticos, cómplices por omisión, con aquellos ciudadanos que en un santiamén desaparecieron sin dejar rastro, y que la autoridad lejos de cumplir con esta tarea, en la mayoría de los casos simula su búsqueda, cuando en realidad solo pretenden justificar ante la opinión pública una falsa preocupación ante la desgracia de quienes sufrieron la desaparición de algún familia.

El Estado mexicano omiso, cómplice…