El asesinato es lo único que elimina a la persona que hiere, de modo que la sociedad debe ocupar el lugar de la víctima y exigir en su nombre la expiación o conceder el perdón 

Wystan Hugh Auden 

El asesinato de 5 jóvenes en Tamaulipas confirma los temores del General Luis Cresencio Sandoval González secretario de la Sedena, que en el 2024 Morena pierda la elección presidencial, y él, junto con otros militares de alto rango sean sometidos ante la justicia mexicana y norteamericana por presuntos delitos de corrupción y narcotráfico, por lo que el ejército mexicano se convirtió de facto en un escuadrón de la muerte con fuero constitucional gracias a miserables legisladores. 

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), la agresión ocurrió en la colonia Manuel Cavazos Lerma, en donde los militares también amedrentaron a vecinos, que increparon a los militares por la agresión contra los jóvenes, uno de ellos de origen estadounidense. El documento detalla que algunos testigos de los hechos aseguran que dos de las víctimas fueron ultimadas con disparos en la nuca cuando estaban tirados sobre el pavimento.

El ejército mexicano ante la presión ejercida por la sociedad civil en contra del gobierno de corte dictatorial de López Obrador, ha iniciado un viaje sin retorno al permitir que el General secretario de la Sedena Luis Cresencio Sandoval González en forma unilateral haya dado por concluida la política de “abrazos no balazos”, y sea sustituida por una respuesta letal con el armamento militar ante una población inerme. 

La militares han pasado al uso de la fuerza letal no solo como práctica en sus nuevas funciones en tareas de seguridad pública, sino además enviando un mensaje intimidatorio a una sociedad agobiada por la delincuencia organizada, con la que los militares han roto unilateralmente los presuntos acuerdos celebrados con el presidente López Obrador y el Cártel de Sinaloa, desatando un escalada de acecho y persecución en contra de sus líderes y narcolaboratorios. 

A los anterior habrá que sumar miles de desapariciones forzadas a manos de militares desde el gobierno de Felipe Calderón hasta el gobierno de López Obrador, documentadas en la Corte Penal Internacional, replicando pláticas de las peores dictaduras de Augusto Pinochet en Chile, Cuba con Díaz-Canel, Venezuela con Nicolás Maduro y hoy en Nicaragua bajo las órdenes del sátrapa Daniel Ortega. 

No se escuchan la voces de los legisladores de Morena y partidos cómplices reprobando el asesinato de los cinco jóvenes, como tampoco de las desapariciones forzadas, ejecuciones y delitos de lesa humanidad cometidos elementos del ejército mexicano. 

Cada uno de los legisladores que aprobaron la militarización del país son corresponsables, su voto a favor fue la moneda de cambio para obtener impunidad ante sus cuantiosas e injustificables fortunas, producto del asalto a las arcas públicas, los negocios al amparo el poder y su pública participación en actividades de narcotráfico en sus diferentes modalidades. 

¿Qué sigue, la ley del Talión?