A Martín Carcaño 

El narcoterrorismo impuesto por los cárteles en Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Querétaro, Oaxaca, Michoacán, Edo. Mexico, y Tabasco entre otros, evidencian la continuidad de “abrazos no balazos” y la bendita impunidad (ironía), en el segundo sexenio de López Obrador.

La preocupación, mejor dicho el pánico de López Obrador, no es por el narcoterrorismo, es porque Donald Trump nombró al senador Marco Rubio será el Secretario de Estado en el próximo gobierno. Precisamente fue Marco Rubio el que acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador de proteger a los cárteles del narcotráfico. 

“Me alegra ver que el presidente Mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU, en la Cumbre de las Américas.”

López Obrador sabe que necesita incrementar su base social para buscar impunidad internacional, y los jóvenes son una buena opción, como en su momento lo hicieron los dictadores de Cuba, Venezuela o Bolivia con Evo Morales y Ecuador con Jorge Glas, además, podrá utilizarlos como base para las nuevas generaciones obradoristas . 

Claudia justifica la estrategia de López Obrador: llevaremos a cabo un ambicioso programa “Vivienda para el Bienestar”, para jóvenes estudiantes (1 millón), con módicas rentas, incluso, hasta gratuitos, para hacerles justicia y que tengan una vivienda digna, además congelar 2 millones de créditos impagables que representan el 15% de la cartera vencida de Infonavit, que seguramente recibirán un importante descuento de más del 50%.

Martí Batres desde la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, leyó a la perfección los deseos de López Obrador, y desde la jefatura de gobierno de la Cdmx reformó el artículo 3o. Batres Guadarrama aseguró que “se recuperan en el ámbito local las nociones de la propiedad original”, así como el derecho del Estado de “imponer a la propiedad privada las “modalidades que dicte el interés público”.

La torcida interpretación del artículo 27 constitucional, será el argumento jurídico para expropiar a los propietarios patrimonialistas. Según el analista político Nathan Quimpo define el patrimonialismo: "un tipo de regla en la que el gobernante no distingue entre patrimonio personal y público.

Los gobernadores de los estados opositores al oficialismo, rechazan la expropiación de grandes predios rurales y urbanizados “ociosos”, pero prefieren callar ante inminentes represalias del gobierno de Claudia (léase López Obrador), y no quieren exponer a sus empresarios a un terrorismo fiscal, que bajo el pretexto de defraudación terminaran en la cárcel.

Al modificar el Artículo 19 Constitucional, se busca obligar a los jueces a dictar, como regla y sin evaluación de cada caso, la prisión preventiva oficiosa a los sujetos que sean acusados de delitos como defraudación fiscal, contrabando y uso de comprobantes fiscales falsos.

Narcodictadura