Por Carlos Pavón Campos.- Es majestuoso nuestro centro histórico de Zacatecas, pero ¿qué dirían si les dijera que hay cerca de 80 propiedades clasificadas como “focos rojos” por riesgo de colapso inminente? Que no es otra cosa que estar a punto de caer. 

Esto obedece en gran parte, al abandono y a la falta de capital y, por supuesto, al otro lado de la moneda: las malas prácticas regulatorias, donde los propietarios prefieren ver perder su patrimonio a enfrentarse a infinidad de trámites, requerimientos e incluso a los gustos y exquisiteces del gobierno en turno.

Pero el tema no es cosa menor; a estos inmuebles hay que sumarles otros 100 en condiciones de abandono severo. Es decir, 180 bienes inmuebles en peligro latente. Lo peor es que esto lo tiene detectado perfectamente el Estado por medio de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, mediante un sistema de monitoreo y semaforización ejecutado en coordinación con Protección Civil; aun así, pues no les importa.

Zacatecas y su centro nos pertenecen a todos, pero solo de dicho. Los ciudadanos no entendemos a quién le conviene tener en esas condiciones a una de las zonas más emblemáticas de nuestro estado. Enfrentarse a una reparación, ampliación, modificación o simplemente a una ligera compostura es ponerse no solo en la mira, sino volverse rehén de la Junta de Monumentos, la cual pareciera destinada a promover el abandono y no la conservación.

Por ley, las instituciones públicas se encuentran impedidas para invertir recursos del erario en la restauración de predios particulares, y está bien; sin embargo, la incongruencia es tal que esta institución no permite la restauración si no es como ellos lo designen. Es decir, en cierta parte se convierten en dueños de cada peso del presupuesto a invertir en las propiedades privadas.

Si bien se sabe, porque además se ve, que Zacatecas no tiene un aspecto uniforme —es decir, hay materiales diversos para hacer ver las fachadas dignas y, por supuesto, librar a los inmuebles de caerse—, la intención por parte de los particulares de cambiar el panorama se desmorona al toparse con la cerrazón y por el revanchismo político hacia los que no forman parte de la 4T.

Es difícil siquiera pensar que el abuso de poder en estas administraciones pudiera alcanzar los brazos de instituciones como la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas; eso es un indicativo de que la prioridad no es la conservación, sino la imposición. ¿Qué buscan? ¿Acabar con Zacatecas? ¿Esperar a que alguien pierda la vida en un derrumbe? ¿Inhabilitar calles por riesgo de colapso?

Pareciera que a Zacatecas lo están gobernando caprichosos, al gusto de cualquiera que quiera ejercer el poder para limitar, para inhibir e incluso para intimidar.

Vámonos a los hechos: existen tres juicios de nulidad recientes en los que ciudadanos han llevado a la Junta de Monumentos ante el Tribunal de Justicia Administrativa por considerar que sus actos fueron ilegales o arbitrarios.

Por otra parte, la intimidación y el favoritismo han marcado a esta institución incluso en su interior. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) emitió una recomendación a la Junta que acredita hostigamiento laboral y abuso de poder por parte de altos directivos contra personal de la dependencia.

Estas denuncias nos dan a entender, que hay alrededor de 180 inmuebles en peligro de colapsar en el centro de Zacatecas, además del inmueble de la institución que está en gran deterioro, ejerciendo el poder a manos llenas mientras, a la par, se encarga de derrumbar nuestro Centro Histórico y nuestras instituciones.