La tarde-noche del 26 de septiembre del 2014, seis personas mueren, 25 resultan heridas y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos.

Sí, como leyó usted, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecen en ataques a tiros de la policía de Iguala y el grupo criminal Guerreros Unidos. Sabemos que fue un hecho real, deleznable, criminal, que contó con la colaboración de gente del gobierno del estado de Guerrero y grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico. 

Estamos hablando de la vida de 43 seres humanos, que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto se encargó de encubrir, solapar y hasta sembrar falsas evidencias para intentar desviar la atención pública nacional, pero principalmente internacional, que dirigía sus críticas y señalamientos al gobierno priísta de México como el principal cómplice de la desaparición forzada de estos jóvenes estudiantes. 

Detenciones arbitrarias, torturas, una ejecución extrajudicial y detenidos puestos a disposición del Ministerio Público Federal más de 24 horas después, son algunos de los hallazgos de una investigación realizada por integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, publicada por Proceso.

De este informe se desprende, que en una maniobra más del gobierno federal de fabricar culpables, que las detenciones fueron ejecutadas por la Policía Federal Ministerial –cuatro de ellas en colaboración con la Marina, de acuerdo con los reportes oficiales–, de manera inequívoca “una de las autoridades señaladas directamente por los actos de tortura tanto ante el juez de la causa como ante la ONU-DH” sería dicha corporación, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dirigida entonces por Zerón.

Por las denuncias recabadas y cotejadas con los reportes médicos, los métodos de tortura utilizados en el caso Ayotzinapa fueron “violencia sexual, toques eléctricos en genitales, pezones y ano; penetración anal; golpes en diferentes partes del cuerpo con puños, patadas y armas; asfixia a través de la colocación de bolsas de plástico en la cabeza; ahogamiento a través de la colocación de trapos en la cara seguido de derramamiento de agua; toques eléctricos en múltiples partes del cuerpo; amenaza de muerte contra la persona detenida y su familia, en ocasiones a través de fotografías de familiares”. 

Estos métodos “científicos” utilizados por las fuerzas del “orden” y todo para salir al paso de las acusaciones que señalan al gobierno de México como cómplice de semejante delito de lesa humanidad.

¿En verdad que somos el único puto país del mundo donde pueden desaparecer jóvenes sin que pase nada?

DOSSIER 

Nos admiramos del “perdón” a César Duarte y tenemos un intocable Miguel Alonso.- César Duarte, ex gobernador, estaba acusado de utilizar recursos públicos para tener una participación del 15% de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos. Se había abierto una carpeta de investigación por defraudación fiscal, lavado de dinero y delito bancario. 

Pero la Procuraduría General de la República (PGR) anunció este miércoles que no ejercerá acción penal con la notificación entregada a Jaime García Chávez, abogado y activista.

Pues en el caso de Miguel Alejandro Alonso Reyes exgobernador de Zacatecas, el que ha sido denunciado por lo menos en seis ocasiones ante la Procuraduría General de la República, una de estas por el abogado penalista Alberto Gaytán, y una ante el Gobierno de los Estados Unidos por los presuntos delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, actos contra la administración pública, peculado y los que resulten.

Queda más que claro que la Procuraduría General de la República, se convierte en el brazo armado del Gobierno de la República, sino también en el máximo dador de impunidad. 

Solo resta esperar la audiencia del mes de mayo en la Corte Federal de Washington D.C., para saber el destino de los familiares del exgobernador Juan Manuel Alonso Reyes, Noé J. Cantú, y Lucía Reyes Cantú, entre otros, acusados por los presuntos delitos de lavado de dinero en territorio estadounidense a través de la empresa Grupo Inmobiliario Vallereal S.A. de C.V, y utilizando una cuenta número 0932876 International Bank de McAllen.

* Regresamos próximo martes 19 de marzo