Manuel Bartlett Díaz se ha convertido en el primer beneficiado de la amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador, al designarlo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al margen que Bartlett Díaz haya sido el operador del fraude electoral de 1988 para beneficiar a su jefe directo, Carlos Salinas de Gortari, en realidad el político poblano es un policía, un sicario, un perfecto delincuente del viejo sistema que gobernó México.

A la llegada del Cptn. I y Lic. Fernando Gutiérrez Barrios a la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Manuel Bartlett fue nombrado director del Jurídico, y ahí comenzó su actividad de policía, de torturador en cientos de casos, también haciendo el trabajo sucio para la Agencia Central de Inteligencia (CIA). 

Documentos del gobierno de Estados Unidos recientemente desclasificados, y entrevistas, han arrojado una nueva luz sobre lo que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sabía -y no sabía- sobre los terribles acontecimientos de 1968 en la Ciudad de México.

Winston Scott, el principal hombre de la CIA en esa época en México, era un encantador norteamericano de 59 años, que operaba desde la Embajada de Estados Unidos en Reforma. Los documentos de la CIA, ahora públicamente disponibles en los Archivos Nacionales en Washington, muestran que Scott se basó en su amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y otros altos funcionarios para informar a Washington sobre el movimiento estudiantil, cuyas demandas desafiaban el monopolio gubernamental del poder.

Bartlett Díaz ya secretario de Gobernación, actuó no sólo en contra de ciudadanos mexicanos identificados con la izquierda, muchos en las filas del entonces clandestino Partido Comunista (PC), adversarios de los gobiernos de Gustavo Día Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, sino demás en la matanza de estudiantes en Tlatelolco en el 68, de los militantes de movimientos armados (MAR, PROCUP; Partido de los Pobres, Liga Comunista 23 de septiembre, etc.), sino además, es responsable directo de doscientos veintiocho líderes sociales acribillados, 84 periodistas asesinados, entre ellos Carlos Loret de Mola Mediz y Manuel Buendía Téllez Girón.

KIKI CAMARENA 

Aún más, se le hace responsable de ordenar el asesinato del agente de la Agencia Antidrogas (DEA). Tres expolicías mexicanos, acogidos desde finales de los noventa al programa estadunidense de testigos protegidos, dan a Proceso pormenores del secuestro y tortura del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985. 

Pero hay algo más: ellos sostienen que Manuel Bartlett (entonces secretario de Gobernación) y Juan Arévalo Gardoqui (titular de la Secretaría de la Defensa) fueron testigos del suplicio del agente antinarcóticos. (Proceso 4 ENERO, 2014).

En colaboración con narcotraficantes y con la CIA, Manuel Bartlett Díaz y el general Juan Arévalo Gardoqui participaron en el interrogatorio al agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, quien fue torturado hasta la muerte en febrero de 1985. 

Esta versión es sostenida por tres expolicías mexicanos que se encuentran amparados por el Programa Federal de Testigos Protegidos de Estados Unidos (Witsec, por su acrónimo en inglés). Uno de ellos incluso acusa a Bartlett (entonces secretario de Gobernación y ahora senador por el Partido del Trabajo) de haber recibido 4 mil millones de dólares en 1984 para su campaña en pos de la candidatura presidencial de manos de los narcotraficantes Rafael Caro Quintero; Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto; Miguel Ángel Félix Gallardo, y Manuel Salcido Uzeta, El Cochiloco.

Para los tres expolicías –entrevistados por Proceso de manera separada y a los que, por razones de seguridad, los identificamos aquí como José I, José II y José III– no hay duda: la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), el narcotráfico, el Ejército y el gobierno de México planearon el secuestro de Kiki Camarena el 7 de febrero de 1985.

Dichas afirmaciones son coincidentes con las realizadas a este semanario (números 1928, 1929 y 1932) por tres exagentes federales estadunidenses –Héctor Berrellez, Phil Jordan y Robert Plumlee– quienes insisten en que la CIA es la artífice del asesinato de Camarena, pues el agente antinarcóticos había descubierto un plan secreto de la agencia para armar a la contra nicaragüense con recursos obtenidos del tráfico de drogas.

MANUEL BUENDÍA TELLEZ GIRÓN 

Alrededor de las seis y media de la tarde, un sicario le dispara cinco tiros por la espalda a Manuel Buendía, en la esquina de Hamburgo e Insurgentes, cuando se encamina de su oficina al Paseo de la Reforma. El asesino huye por Insurgentes hacia la llamada Zona Rosa, altamente vigilada por la policía, y sube a una motocicleta sin ser molestado. Inmediatamente después, José Antonio Zorrilla Pérez, titular de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la secretaría de Gobernación, llega al lugar de los hechos con varios comandantes, asume la investigación del caso y ordena sacar de la oficina de Buendía, todo lo que pudiera servir en la indagación.

Según investigaciones, el asesinato de Buendía habría sido fraguado por el entonces Secretario de Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, en una reunión realizada a inicios de abril de 1984, a raíz de las denuncias de Buendía en su columna política Red Privada sobre la corrupción en los más altos círculos de poder de México, involucrados en el tráfico de drogas ilegales. A la reunión habrían asistido además el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, proveedores de armas para el ejército,José Antonio Zorrilla Pérez, director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), y varios comandantes de dicha agencia.

Hoy Andrés Manuel López Obrador cumple su palabra y amnistía a uno de los más peligroso, siniestros y violentos operadores de los llamados sótanos del sistema, que asesinaron y desparecieron miles de personas bajo el argumento que, era necesario para garantizar la “paz social”.

¿Este es el cambio prometido?