Recordemos que López Obrador aún en campaña, el 9 de enero del 2018 declaró: ”Cuando hay antecedentes de corrupción, no debe de permitirse que participen, porque Morena es un referente moral y tiene que cuidar mucho su imagen", dijo a medios de comunicación en Veracruz.

Hoy, siendo presidente electo y bajo la batuta de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena en la LXIV Legislatura, “a toro pasado”  impulsa una ley para despojar de bienes presuntamente obtenidos con tráfico de influencias, por corrupción pues.

En este orden de ideas, la bancada legislativa de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa para que el decomiso de bienes que se consiguieron de forma ilegal, conocido como extinción de dominio, se extienda hasta los delitos vinculados con hechos de corrupción.

Esta propuesta pretende una reforma al artículo 22 de la constitución para que se aplique en delitos como el abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho o cualquier delito que haya sido cometido por servidores públicos contra la administración de justicia.

La iniciativa, que fue leída por el legislador de Morena, José Antonio Cruz Álvarez Lima, indica que “la extinción de dominio procederá respecto de los bienes que estén intitulados a nombre de terceros y que existan elementos suficientes para estimar que fueron utilizados para el hecho que la ley señala como delito”.

Esta iniciativa va más allá de la incautación de bienes a funcionarios y servidores públicos, sino también pretenden hacerla extensiva a aquellas empresas que hayan participado en presuntos actos de corrupción en complicidad de servidores públicos de los tres niveles de gobierno, claro, siempre juzgadas por el “fiscal carnal”.

Ensoberbecidos por tener el control absoluto del Congreso de la Unión, de las Cámaras de Diputados y Senadores, el Doctor en Derecho Constitucional Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, pasó por alto un pequeño detalle: 

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra reconoce el derecho a la no aplicación retroactiva de la siguiente forma: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

De acuerdo con la información “filtrada” desde la bancada de Morena en el Senado de la República que apunta al estado de Zacatecas (coincidencia), será la entidad federativa sometida a estas acciones “anticorrupción”, por tanto, la Fiscalía General de la Nación (FEN), deberá iniciar la cacería de brujas con el exgobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes, actual director de FONATUR, a quien la Auditoría Superior de la Federación (ASF), observó por más de 5 mil millones de pesos; coincidentemente, es alumno y amigo de Ricardo Monreal.

En realidad, el “combate a la corrupción” es una cortina de humo, para que López Obrador tenga una “justificación” ante el inminente incumplimiento de sus ocurrencias, pero también, para curarse en salud, y hacer exactamente lo mismo, traficar con influencias en la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, Tren Maya y por supuesto las refinerías en Tabasco. 

Lo advertimos, pasarán hasta por encima de todo, incluso de la Constitución ¡faltaba más!