Se puede afirmar que en Zacatecas, como en otras entidades federativas en las que se aproximan procesos electorales para renovar el Poder Ejecutivo entre otros, ya se escuchan tambores de guerra de tirios y troyanos, preámbulo de una nueva guerra en la que finalmente será uno solo el vencedor, y como siempre el gran perdedor serán los ciudadanos.

En Zacatecas uno de los eternos actores coyunturales es sin duda la IP “representada” por sus respectivas organizaciones llamadas pomposamente “cámaras”, organismos que salen a los medios sólo cuando conviene a sus intereses.

En otras palabras, el conveniente y permanente silencio de estos organizaciones ante abusos gubernamentales en contra de los sectores mas vulnerables de la sociedad, se rompe sólo cuando sus intereses se ven afectados.

No se recuerda alguna manifestación, o posición de los empresarios organizados, aclaro, no dije delincuencia organizada, aunque se asemejen en la defensa de sus millonarias ganancias, en las que hayan salido, levantado la voz en defensa del contribuyente menor, del ciudadano de a pie, sí, de aquél que con sus compras hace posible sus negocios.

Tampoco se han escuchado sus voces ante los aberrantes feminicidios, las “desapariciones forzadas”, las decembrinas extorsiones de nuestros paisanos, la insuficiencia de estructura en materia de educación que obligan a los jóvenes a enrolarse en sus empresas con sus miserables salarios, los descomunales incrementos en el precio de los alimentos, ni por el huachicoleo, delito del que desde hace años se señala e investiga algunos de sus distinguidos miembros.

No es novedad cuando el Sistema de Administración Tributaria (SAT), detecta irregularidades en las declaraciones fiscales de los empresarios, su primera reacción es buscar al presidente en turno de su gremio, para que en su defensa acuda a sus contactos en el gobierno, y sean estos los que intervengan para el perdón de sus multas, embargos, o bien, los libre de de caer en prisión, pues si de algo tienen fama la mayoría de los empresarios es de defraudadores del fisco, en mayor o menor proporción.

No sólo su conveniente silencio les distingue a la mayoría de este sector, sino también la sexenal convivencia con aquellos que detentan el poder, con los que comparten sus eventos más privados, familiares, íntimos, para después pagar una cara difusión en revistas de la société y diarios sumisos al poder en turno.

Al respecto, el día de ayer en conferencia de prensa los presidentes de las principales cámaras empresariales de Zacatecas acusaron al gobierno de Alejandro Tello y a la legislatura, de desviar el recurso recaudado con el impuesto sobre la nómina, asegurando que con dicho impuesto se usa para pagar desfalcos, deudas y tapar hoyos financieros.

Los titulares de la Coparmex, CMIC y Canacozac, informaron que se estima una recaudación anual de 700 millones de pesos, de los cuales para el 2019 solo se presupuestaron 50 millones para acciones de desarrollo económico.

No se critica su derecho a defender sus intereses, se les reprocha su convenenciera coexistencia con los personajes del poder, siempre en busca de obtener canonjías como si se tratara de una casta divina, sin contar su público valemadrismo ante los graves problemas sociales…

• Los aludidos tienen a salvo su derecho de réplica 

El sospechoso abandono de las UNIRSE 

Las Unidades Regionales de Seguridad, conocidas como UNIRSE, las que en teoría deberían servir como disuasor para el ingreso de los delincuentes a tierra zacatecana, se muestran abandonadas en “convenientes” horarios, dejando abiertas de par en par las puertas de la casa.

Estos “filtros” son operados bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública que aún encabeza Ismael Camberos, los que durante la mayor parte del tiempo sólo dos elementos policiacos se muestran al frente dando paso libre a todo vehículo, sin intentar siquiera una revisión “al ahí se va”, por lo menos para cubrir las apariencias.

Si se afirma que la violencia en Zacatecas obedece a la disputa por la plaza de las diferentes organizaciones dedicadas principalmente al trasiego de drogas, personas y dinero, tanto el Gobierno estatal, como la Federación deberían de mantener fuerte presencia en estos filtros, como se lleva a cabo en entidades como: Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California Norte, Nayarit, y otras, con vigilancia mixta compuesta por elementos de la Policía Estatal, Federal, Ejército y Marina Armada, en las entidades con vigilancia marítima.

Realmente no debe preocuparnos la ausencia de revisiones y pesquisas de grandes cargamentos de droga. En primer lugar los envíos llevan como destinatario final el vecino país del norte, donde sí pagan, y con billetes verdes, y dos, ya lo dijo el presidente de México: “se acabó la guerra, no perseguimos capos”. Lo preocupante es la facilidad de movilidad de secuestradores, extorsionadores, sicarios y demás fauna, como si anduvieran en el patio de su casa.

Estas sospechosas “omisiones” nada ayudan a la seguridad de Zacatecas…