En nuestro despacho del día de ayer, comentábamos que funcionarios corruptos creían que “la habían librado” al haber sido aprobadas sus cuentas públicas, o en el peor de los casos la “inhabilitación” para ejercer un cargo público por “N” número de años. 

Lamentamos informarles que no es así. La Fiscalía General de la República (FGR), a petición de particulares ha iniciado sendas investigaciones por los delitos de peculado y actos contra la administración pública entre otros, en contra de los exfuncionarios del Gobierno de Zacatecas.

Los ganadores son: el exsecretario de Finanzas, Fernando Soto Acosta, quien fue inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos, la exsecretaria de Economía Patricia Salinas Alatorre inhabilitada por 10 años e identificada con el grupo político de Ricardo Monreal Ávila.

En este sentido, la escueta información que proporcionó la titular de la Secretaría de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, la que en ningún momento informó de la reparación del daño, como tampoco el monto de los recursos desviados, concretándose a manifestar que hay carpetas de investigación abiertas en su contra.

A pesar que la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, no ha dado señales de vida en cuanto al avance de las indagatorias inherentes a los desvíos de recursos públicos, la Fiscalía de la República detectó que la mayor parte de estos fueron de origen federal, por tanto será esta la encargada de fincar responsabilidades a los presuntos responsables.

De igual manera, ya se preparan denuncias en contra del Luis Alfonso Peschard Bustamante, exdelegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sobre el que pesan una serie de denuncias por los delitos de peculado, colusión de funcionarios, y otros, estas presentadas en tiempo y forma, las que inexplicablemente durmieron el sueño de los justos durante más de tres años, las que ahora cobran vida con el Fiscal Gertz Manero. 

Estamos conscientes que patalearán y hasta amenazarán, pero finalmente caerán…

Miguel Torres inicia resistencia Vs centralismo de López Obrador 

El día de ayer en la Ciudad de México, Miguel Torres Rosales alcalde del municipio de Villanueva, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra las modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que promovió López Obrador para evitar que la recaudación del impuesto minero, llegue a los estados y municipios, y sea utilizado en sus políticas limosneras en busca de conseguir una sumisa y entregada base electoral. 

El Fondo Minero, creado con la reforma fiscal de 2013 y que cobra un impuesto especial a las mineras de 7.5 por ciento sobre sus utilidades para destinarlo al desarrollo de comunidades cercanas a la extracción de minerales, será controlado ahora por la Secretaría de Economía en lugar de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

También se propone replantear el actual esquema de distribución del fondo, por lo que la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos no se incluirá dentro de la recaudación federal participable.

Tiene razón el Profe. Miguel Torres, no se debe permanecer impasible ante la arrogante política de López Obrador en contra del Federalismo, cuyo padre es el zacatecano Francisco García Salinas.

Esto apenas comienza…