Reza el refrán: “No hay tiempo que no se cumpla, ni plazo que no se venza”. A punto de llegar a la mitad del periodo de gobierno de Alejandro Tello Cristerna, ya se cocina la iniciativa de ley que obligue a los mandatarios a poner a consulta su permanencia en el cargo.

Apenas el pasado 25 de enero del año en curso, en cuanto a la propuesta de revocación de mandato, Tello Cristerna manifestó que estaría de acuerdo en una reforma constitucional. “En mi campaña hablé de que si no cumplía, me iría; firmé una serie de compromisos con la ciudadanía, y está a la vista lo que he cumplido y lo que todavía no cumplo”.

El borrador de la iniciativa de ley a la que se tuvo acceso, y en vista de que el periodo administrativo del Ejecutivo es de cinco años, lo que permite se lleve a cabo una elección constitucional intermedia y en ese marco se aproveche la infraestructura del Instituto Estatal Electoral del Estado, así como los recursos humanos y materiales que se destinan para una elección y evitar gastos extraordinarios.

La iniciativa también contempla entre otras cosas transparentar los viajes que realiza el gobernador con motivo del ejercicio de sus funciones. El gobernador del estado de Zacatecas deberá informar al Congreso del Estado de sus ausencias del territorio estatal con motivo del ejercicio de su función, cuando éstas sean mayores a dos  días, en la que deberá señalar el motivo de su ausencia y los gastos que se generen.

Este ejercicio permitirá no sólo conocer cuál es el gasto público, sino el motivo de las ausencias del territorio del gobernador, puesto que la ciudadanía debe saber para que se viaja y en su caso, saber los beneficios que ello trae a los zacatecanos, se dé un paso hacia mejorar las prácticas de rendición de cuentas y transparencia de la función pública, iniciando por el cargo de mayor relevancia en el Estado.

Lo reiteramos, la sucesión al 2021 está en marcha, y en mal momento llegará la revocación de mandato para el PRI, pues recibieron un estado en quiebra, saqueado por el exgobernador Miguel Alonso, y nadie dijo nada. 

Bienvenida la democracia, mientras no termine en “consulta popular”…

La Guardia Nacional sepultará a gobernadores opositores 

Previo a la puesta en marcha del proceso legislativo para “legalizar” la militarización del país, en el que por cierto, fiel a su costumbre López Obrador arremetió en contra de los legisladores que no están de acuerdo con la Guardia Nacional, como la planteó con mandos militares, al asegurar que de no aprobarse dará a conocer su postura además de los nombres de quienes votaron en contra y a favor.

Sin embargo, no fue necesario que la sangre llegara al río, habrá que reconocer el largo y retorcido colmillo de Ricardo Monreal coordinador de los senadores de Morena, para lograr conciliar unánimemente los intereses y posiciones de todas las bancadas, logrando los 127 votos de los senadores presentes en la sesión de este pasado jueves, faltando el voto de la senadora de Morena Blanca Estela Piña por enfermedad.

A pesar que el bloque de gobernadores priístas en cónclave en el conocido Café La Habana de la ciudad de México, acordaron otorgar su apoyo a la llamada Guardia Nacional tal y como la pretendía López Obrador, con mandos operativos militares, quizás con la esperanza de allanar el sinuoso sendero que los conduzca a recuerdos extraordinarios para sus estados. 

De nada les sirvió, pues finalmente el bloque de las bancadas en el Senado PRI-PAN-MC arrancaron el acuerdo con mando civil y temporalidad de 5 años para que regreses a sus cuarteles (ay ajá).

Antes de la puesta en marcha de la Guardia Nacional, como ya se le hizo costumbre a AMLO de salirse con la suya, se adelantó y ordenó desde el mes de diciembre del año próximo pasado, a los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) vía la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), realizar las investigaciones pertinentes, tanto a mandos y policías federales destacamentados en los estados, como a los propios estatales y municipales.

Lo anterior con la finalidad de detectar quienes brindan protección a cárteles y delincuentes del orden común, para llegado el momento proceder en su contra, y por supuesto hacer uso de la prisión preventiva, oficiosa, que les allanará el camino para tomar el control de las entidades, de las plazas y por supuesto, responsabilizar a los gobernadores de solapar, permitir la corrupción desde las Fiscalías y Secretaría de Seguridad Públicas. 

En Zacatecas deberán de poner sus barbas a remojar, antes que sea tarde…