Diría Juan Gabriel el Divo de Juárez “pero qué necesidad”. El pasado día 23 del mes y año en curso, brokers que en su momento prestaron sus servicios a los hermanos Miguel, Juan y Lucía Alonso Reyes, solicitaron la protección de la justicia federal, tramitando amparos para evitar las pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR), y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, por los presuntos delitos de: Lavado de dinero, defraudación fiscal, y peculado, entre otros.

Fue en juzgados de distrito del estado de Veracruz que recibieron las solicitudes de amparo en favor de los brokers que pretenden evitar ser llamados a declarar como partícipes de estos delitos. Los abogados confían en obtener la protección federal para su clientes, argumentando en su favor el llamado “secreto bancario”, que les impedirá dar a conocer las “inusuales operaciones” (diría López Obrador), bancarias, financieras, etc., de los Alonso Reyes.

Sin embargo, los abogados omitieron pequeño detalle. El secreto bancario es aquella facultad que posee una entidad financiera, frente las administraciones públicas, de no revelar los datos bancarios e información privada de sus clientes, pero cuando una exista una investigación en curso de delitos contemplados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley contra el lavado de dinero), colaborarán con las instituciones y acatarán los mandatos judiciales en la materia.

Constructores y Proveedores también acuden al Amparo

Sin dilación alguna y en forma “coincidente”, ahora fueron los juzgados de distrito del estado de Jalisco (¡!), donde se recibieron solicitudes de amparo de dos empresas constructoras (una correspondiente a persona física con actividad empresarial),  una del rubro de la industria farmacéutica, y dos de la alimenticia, para evitar sean investigados y requeridos  por la Fiscalía General de la República (FGR), y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, por los presuntos delitos de: Lavado de dinero, defraudación fiscal, y peculado, entre otros.

La paranoia, pánico diría el que esto escribe, de los arriba mencionados tiene su justificación. Uno de los abogados comentó: Con los gobiernos del PRI y PAN (PRIAN), sabíamos cómo y con quién “arreglar”, pero con el gobierno de Morena, el contacto más directo en Zacatecas es Ricardo Monreal Ávila, y el abogado se lamentó: “saldría más caro el caldo que las albóndigas”.

En realidad los empresarios y brokers intuyen, saben, que el gobierno de López Obrador necesita en forma urgente entregar a la muchedumbre las cabezas de presuntos corruptos, corruptores y cómplices para apaciguar la irá del pueblo bueno.

Carlos Peña Badillo candidato de Miguel Alonso al 21

Para nadie es un secreto que el exsecretario particular del exgobernador es su delfín en el proceso de sucesión del 2021, quizás con la esperanza de regresar al pingüe negocio que significa manejar el erario del estado, y de paso seguir en la actividad política del partido que lo adoptó, el PRI.

Peña Badillo coincidiendo con los escándalos de corrupción de su amigo Miguel Alonso, también mejoró sustancialmente su posición económica y mudando su residencia a exclusivo fraccionamiento en el municipio de Guadalupe, por lo que seguramente será incluido en las investigaciones del caso que nos ocupa.

Al respecto, el que esto escribe buscó a Peña Badillo para una entrevista inherente al tema, sin embargo siempre argumentó sincero de giras de trabajo (campaña) al interior del del estado, por lo que se desconoce su posición del tema que nos ocupa.

Segundas partes nunca será mejores, mucho menos buenas…

La cortina de humo del huachicol 

Posterior al lamentable suceso en en Tlahuelilpan, Hgo., donde lamentablemente han perdido la vida 98 personas, y se reportan 53 personas desaparecidas, en ambos casos con menores de edad, el huachicoleo y por supuesto el desabasto de gasolina, se ha vuelto la perfecta cortina de humo para que el gobierno que encabeza López Obrador transite con menos contratiempos en su novel gobierno.

El robo de combustible en México data desde el año 1976 aproximadamente, donde ante la bonanza del país en materia de hidrocarburos, específicamente de la exportación de crudo, evitaba cualquier sospecha al respecto.

En aquellos tiempos, la Jefatura de Servicios Especiales de Pemex, era el organismo encargado de brindar seguridad a las instalaciones, a los ejecutivos de la paraestatal, sus familias, concubinas, etc., así como de disuadir los actos delictivos que dañaran el patrimonio de la paraestatal, de la nación.

Sin embargo, un viejo y avieso comandante de la Policía Judicial Federal Florentino Ventura, investigó que en Pemex el robo de combustible era una actividad casi oficial, con el conocimiento desde la Dirección General, Superintendencias, Gerencias, etc., por lo que su información fue ignorada y ordenada archivar por el entonces procurador general de la República Oscar Flores Sánchez.

El robo de combustible se hacía desde la plantas de almacenamientos y distribución, incluyendo la refinería de Salamanca, Gto., desde donde salían los carros-tanque con el combustible necesario para ser comercializado en las empresas gasolineras de México, muchas propiedad de políticos y por supuesto directivos de la paraestatal.

Por su parte los líderes del sindicato petrolero emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), su participación en el gran negocio de la venta de combustible, era parte de los acuerdos con el presidente de la República en turno, como pago al control gangsteril de la dirigencia, para center el control del sindicato, y que garantizara larga vida a la gallina d los huevos de oro que era Pemex. 

Sin embargo el negocio más importante en materia de hidrocarburos, fue la comercialización de millones de barriles de crudo, los que sin embargo, los pagos fueron ordeñados bajo el rubro de pago de “comisiones” (¿?) desde las cuentas de la Secretaría de Hacienda, y beneficiando desde al “Señor de Los Pinos para abajo”, según investigación realizada por el periodista Manuel Buendía Tellezgirón.

En realidad la ordeña de ductos son las migajas del mega negocio de la venta “extraoficial” del crudo y gas mexicano a diferentes naciones, cuyos dividendos una buena parte terminan en las cuentas bancarias de los paraísos fiscales de los que afirman desde el gobierno trabajar para México.

El combate al huchicoleo cortina de humo…