La prensa no desprestigia a los partidos políticos

son las acciones de sus representantes 

Horacio

Por vez primera desde hace muchas décadas, muchas, empresarios constructores que participaron en el sexenio trágico del exgobernador Miguel Alonso Reyes, entraron en pánico (literal), ante la posibilidad que ahora sí pudieran pisar la cárcel, como resultado de su presunta responsabilidad en los delitos de defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada, y cohecho entre otros.

Algunos empresarios, los menos, alertados por sus contactos desde la capital del país, que participan en el Gobierno de la Transformación de Cuarta, de la posibilidad que sean consignados, procesados y de resultar responsables de delitos fiscales (seguro), puedan terminar en la celda de un reclusorio federal de “alta seguridad” (Cefereso), ordenaron a sus abogados intentar negociar con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Incluso, algunos contrataron prestigiado despacho de abogados fiscalistas, que se ubica a un costado del El Hyatt Regency Mexico City, en la Av. Campos Elíseos en la exclusiva zona de Polanco, con la esperanza que puedan negociar el “perdón” de la Secretaría de Hacienda a cambio de devolver lo defraudado, y pagar las sanciones correspondientes.

Para nadie es un secreto que Juan Alonso Reyes hermano del exgobernador, fue el operador, el que condicionaba, bueno, extorsionaba a los constructores con el 20 y hasta el 30% del costo estimado de la obra, por lo que los “pobres” empresarios inflaban los precios en la misma proporción, para compensar el pago de “derecho de piso”, perdón de obra, según versión de uno de los abogados.

La semana que recién acaba de concluir, se dieron los primeros acercamientos con funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Esta fue la propuesta: Mi cliente ( sin revelar la identidad), es su voluntad reintegrar a esta administración (SAT), los impuestos correspondientes por haber deducido facturas indebidamente, aclarando que optaban por tratar directamente con la autoridad, como se trata de un caso “especial”, no podrán hacerlo por los métodos convencionales..

Por obvias razones los expertos abogados, de inicio, no confesaron a los funcionarios que la defraudación al fisco correspondió al pago de para la obtención de una obra pública, incurriendo en el delito de cohecho, conscientes que el SAT está obligado a dar parte a la Fiscalía General de la República (FGR). 

Los abogados lo que pretenden negociar no es precisamente obtener solo el “perdón” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT, sino específicamente, que sus clientes no sean sometidos a minuciosas auditorías, pues seguramente la constante en la mayor parte de sus transacciones será la defraudación fiscal y el cohecho como mínimo.

La grave no es que metan a la cárcel a los constructores, sino que el pagano siempre sea el pueblo, la gente pues…

CNTE: La extorsión llegó para quedarse

El Código Penal Federal a la letra dice: Artículo 390. - Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.

No sólo los funcionarios participan en esta deleznable y delictiva práctica, sino también organizaciones sindicales, como es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Desde el pasado 14 de enero, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron bloqueos en 7 rutas  ferroviarias del estado de Michoacán, que están ahorcando a la economía local y afectando gravemente nacional. Los maestros de la CNTE exigen el pago de 5.000 millones de pesos que supuestamente les debe de nómina el gobierno de Silvano Aureoles.

Al respecto, frente a la demanda de la CNTE y las cortas finanzas de Michoacán, el gobierno federal adelantó 1 mil millones de pesos al estado por concepto de participaciones federales.

López Obrador aseguró: Que el problema es de índole local y corresponde resolverlo al gobierno de Michoacán. "Estamos ayudando, pero no voy a caer en provocación", dijo el presidente al descartar de manera tajante el uso de la fuerza para desalojar a los maestros de las vías. "No voy a dar la orden de reprimir", dijo. "No es debilidad, pero me voy a apoyar en la fuerza de la opinión pública”.

En sorpresivo contraste con esta grave violación a la las leyes federales,  el sábado 26 del mes ya año en curso, el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Garza, se comprometió con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a entregar 5 mil plazas a los normalistas, significando un incremento en la nómina de por lo menos 780 millones de pesos al año.

El delito de extorsión ha sido purificado…